El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su reunión de hoy, ha aprobado el contrato de gestión de dos recursos para la atención de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual que ofrecerán un total de 20 plazas residenciales, además de otros servicios orientados a su inserción socio-laboral y plena autonomía personal.
El centro gestionado por las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad dispone de trece plazas residenciales y opera también como no residencial para aquellas mujeres que han causado baja, pero siguen necesitando algún apoyo y atención, o para las que tienen cubierto el alojamiento. El Centro de la Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida (APRAMP) tiene siete plazas residenciales.
Ambas unidades comparten los mismos ámbitos de actuación: atención psicológica, asesoramiento jurídico, formación laboral, asistencia sanitaria y reinserción social. Los servicios que se prestan están concebidos como un proyecto global de intervención con el objetivo de que puedan recuperarse íntegramente, lograr su pleno desarrollo personal y llevar a cabo una vida autónoma.
También se ofrece un teléfono de emergencia, operativo 24 horas durante los 365 días del año, que permite a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, acceder de forma permanente a un profesional que les facilite información sobre los recursos existentes y canalice, en su caso, las demandas a los dispositivos adecuados.
La Comunidad de Madrid invertirá a la gestión de estos dos centros 1.660.714 euros, desde el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024 y contará con los servicios profesionales de psicólogos, abogados, trabajadores sociales, educadores y mediadores interculturales.
Estos recursos forman parte de la Red de Centros y Servicios para Mujeres de la Comunidad de Madrid donde se presta especial atención a los colectivos más vulnerables como son las víctimas de violencia de género y de trata y explotación sexual. En 2021, estos dos centros atendieron a un total de 39 mujeres y en la primera mitad de 2022, a 34. El nuevo contrato se ha tramitado por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, primando la calidad sobre el precio.
