En el vasto terreno de la seguridad privada en nuestro país, una preocupante tendencia se ha arraigado con más fuerza en los últimos tiempos: el aumento de empresas que enfrentan serias dificultades para pagar las nóminas de sus empleados.
Este problema, que afecta tanto a los trabajadores como a la industria en su conjunto, es una consecuencia directa de un modelo de seguridad privada que prioriza la adjudicación de servicios a precios bajos sin ofrecer ningún valor añadido significativo. Esta problemática en detalle y examinaremos las razones subyacentes detrás de esta creciente crisis.
El sector de la seguridad privada en nuestro país ha sido históricamente un pilar fundamental para garantizar la protección de bienes, personas y propiedades. Sin embargo, en los últimos años, hemos observado una disminución progresiva en la calidad y estabilidad de este sector. Esto se debe, en gran medida, a la falta de acción por parte de las administraciones públicas, la influencia de clientes privados y la competencia desleal que se está gestando entre un número cada vez mayor de empresas de seguridad privada.
Uno de los principales factores que ha contribuido a esta problemática es la obsesión por competir únicamente en función del precio más bajo. Esta mentalidad ha llevado a muchas empresas a reducir sus precios de prestación de servicios hasta niveles insostenibles, lo que a su vez ha resultado en pérdidas financieras. Estas pérdidas, a su vez, tienen un impacto directo en la estabilidad laboral y la capacidad de las empresas para abonar puntualmente las nóminas de sus empleados.
En los últimos meses, hemos sido testigos de cómo empresas emblemáticas del sector, como Prosetecnisa, SP4, Wakeful, GFS, INV PROTECCION, INV SISTEMAS, INV SEGURIDAD, NORVIK, entre otras, han cesado en su actividad o han retrasado el pago de las nóminas. Este tipo de situaciones deja a las plantillas ya sus familias en una posición de completa vulnerabilidad y precariedad laboral y económica.
En un momento en el que deberíamos estar fortaleciendo las relaciones laborales y promoviendo empresas sólidas en nuestro país, capaces de generar beneficios y mejorar las condiciones de sus trabajadores, resulta inaceptable que el sector de seguridad privada esté tan atomizado. Los empresarios, después de inflar sus facturaciones, no pueden evadir su responsabilidad jurídica hacia sus empleados y las familias de estos.
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha estado insistiendo en la necesidad urgente de cambiar el modelo de seguridad privada en nuestro país. Esto implica una revisión profunda de la subcontratación de servicios por parte de la administración y la imposición de una responsabilidad sólida y compartida entre todos los involucrados en la contratación de servicios de seguridad privada. Ya no podemos permitir que excusas políticas o intereses a corto plazo socaven la estabilidad de un sector tan crucial.
El aumento de empresas de seguridad privada con dificultades para abonar las nóminas de sus empleados es un problema que no puede ser pasado por alto. Es un síntoma de un sistema que necesita un cambio fundamental. La seguridad privada es una actividad esencial que debe ser tratada con el respeto y la seriedad que merece.
Es hora de que las autoridades, los clientes privados y las propias empresas se unan para garantizar un futuro más estable y justo para todos los trabajadores de este sector en nuestro territorio nacional.
