Vélez cada vez más cerca del banquillo de los acusados por sus chanchullos como alcalde de Calasparra: Un análisis del caso desde el Partido Popular
En medio de un proceso judicial que investiga al secretario general de los Socialistas en la Región de Murcia, José Vélez, por posibles delitos de malversación y prevaricación en su papel como alcalde de Calasparra, el vicesecretario de Comunicación, Organización y Electoral del Partido Popular, Joaquín Segado, ha expresado su preocupación.
Segado ha advertido que Vélez se encuentra cada vez más cerca del banquillo de los acusados debido a lo que denomina «chanchullos» durante su mandato como alcalde.
Una de las cuestiones que Segado considera especialmente grave es la admisión por parte de Vélez de que los contratos relacionados con la Plaza de Toros eran de naturaleza verbal. Según Segado, este tipo de contratos no son apropiados para un alcalde y una administración pública, ya que van en contra de los procedimientos legales establecidos. «Un alcalde no puede hacer un contrato verbal con una empresa que suministre un servicio o una obra al ayuntamiento», destacó Segado.
El vicesecretario del Partido Popular ha aclarado que los acuerdos verbales en los contratos que involucran a las administraciones públicas están prohibidos en circunstancias normales, salvo en casos de emergencia, como la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en este caso específico, no se trató de una situación de emergencia que justifique este tipo de contratos informales.
Segado ha sostenido que mientras Vélez siga en su cargo, carecerá de autoridad moral para impartir lecciones de honradez o ética a nadie. El argumento se basa en la creencia de que Vélez no ha respetado los procedimientos legales y ha utilizado el Ayuntamiento como su propio feudo personal, comportamiento que ha quedado demostrado según Segado.
Desde la perspectiva del Partido Popular y su vicesecretario de Comunicación, Organización y Electoral, Joaquín Segado, el caso que involucra a José Vélez, exalcalde de Calasparra y secretario general de los Socialistas en la Región de Murcia, es grave y merece una profunda investigación judicial. Se alega que los contratos verbales relacionados con la Plaza de Toros son contrarios a los procedimientos legales adecuados y que el comportamiento del alcalde en este contexto socava su autoridad moral para guiar o liderar en cuestiones de honradez y legalidad.
