El juez apunta a 18 investigados en una presunta trama de regularización irregular de inmigrantes
l titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ordena continuar el procedimiento por delitos contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. Los indicios apuntan a que los extranjeros debían pagar alrededor de los 5.000 euros para obtener el permiso de residencia a través de contratos de trabajo en empresas “de escasa o nula actividad”